Honduras se acerca a sus elecciones del 30 de noviembre en condiciones que deberían alarmar a toda democracia en el hemisferio. La decisión del gobierno de imponer un estado de excepción a nivel nacional, aplicado por fuerzas de seguridad militarizadas, ha consolidado el control político en los principales centros urbanos y ha restringido el espacio para la actividad pacífica de la oposición. El patrón es familiar: recuerda el mismo endurecimiento gradual de la autoridad que marcó el deslizamiento de Venezuela hacia un autoritarismo electoral.
Por: Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)
Los servicios de inteligencia regionales han señalado el movimiento de operativos vinculados a Managua que parecen decididos a organizar incidentes disruptivos para moldear la percepción pública. Su objetivo no es sutil: crear miedo, fabricar inestabilidad y presentar cualquier victoria de la oposición como una amenaza orquestada por actores extranjeros, en particular la Iglesia Católica y Estados Unidos.
Objetivos con peso simbólico, desde hitos religiosos centrales hasta instalaciones militares de doble uso como Soto Cano/Palmerola, podrían ser explotados para reforzar esa narrativa y justificar medidas coercitivas adicionales.
Reconociendo estos riesgos, Estados Unidos, junto con varios socios hemisféricos, ha solicitado una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El mensaje es inequívoco: la región no mirará hacia otro lado si Honduras adopta las mismas tácticas de manipulación electoral que destruyeron las instituciones democráticas de Venezuela.
A medida que se acerca la votación, el hemisferio enfrenta una prueba crucial. Garantizar la transparencia en Honduras no se trata simplemente de una elección; se trata de impedir otro punto estratégico para la consolidación autoritaria y de proteger las normas democráticas que ya están bajo presión en toda América Latina.
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